Los vendedores suspenden el mercadillo del Cenit tras la anulación de 26 licencias.

La anulación de los permisos a 26 comerciantes para poder montar sus puestos y ejercer la venta ambulante en los mercadillos de la ciudad llevó ayer a 200 compañeros suyos a suspender el del Cenit y pedir a las puertas del Ayuntamiento la dimisión del concejal de Comercio, Mariano García, al que hicieron responsable de la situación.
En Cartagena hay 17 mercadillos con 1.611 puestos autorizados cuya concesión se renueva cada año. La protesta se generó cuando varias personas comprobaron, en la explanada frente al centro comercial Cenit, que sus plazas numeradas eran ocupadas por otras personas, que disponían de un permiso municipal nuevo para 2012. Fue entonces cuando el resto de los comerciantes del mercadillo se puso de acuerdo para acompañarles en una peregrinación por las calles de Cartagena hasta la sede del Edificio Administrativo, en la calle San Miguel. Allí, ante una escolta de media docena de policías, la multitud coreó las peticiones de dimisión del edil, que no pudo oírles ya que ayer estaba desempeñando su trabajo en el Parque de Seguridad, en la carretera de La Unión.
Varios afectados por la anulación de sus puestos aseguraron, frente a la sede municipal, que se enteraron la semana pasada de que los impagos de tasas y recargos al Ayuntamiento les habían hecho perder la prórroga para el ejercicio de su actividad. «Es una vergüenza que no nos hayan avisado. Yo tengo un puesto en Cabo de Palos y acabo de enterarme hoy en una lista de que se lo han dado a otra persona», indicó Antonio Belber.
La versión del concejal de Comercio, Mariano García, es muy diferente. «Estos comerciantes sabían perfectamente que tenían una deuda y que se exponían a perder la licencia. Fue en otoño, al preparar el plan de mercados de este año, cuando detectamos la existencia de 76 personas en esa situación», subrayó. Según el edil, esos vendedores tuvieron que recibir por correo la carta certificada en la que se les notificaba la deuda, o el aviso de Correos sobre su existencia, ya el año pasado. «Pese a eso, esperamos a ver quiénes solicitaban la renovación de las licencias. Y aunque no teníamos obligación de hacerlo, tuvimos la precaución de realizar dos rondas distintas de llamadas a todos los que las pidieron y tenían deudas con el Ayuntamiento», aseguró el edil. Todas menos dos permitieron comunicar a alguien, al otro lado del aparato, la existencia de la deuda y el riesgo de anulación del permiso. «A partir de ahí, hemos cumplido el reglamento», añadió García.
Deudas de 6 a 19 euros
Lo que más censuran los propios comerciantes y sus representantes es que las deudas que han dado lugar a la suspensión de las licencias suponen cantidades muy reducidas. «Hay personas que se han quedado sin puesto por tan solo seis euros. Otros los han perdido por veinte o cuarenta euros. No es posible que no se haya tenido en cuenta eso a la hora de tomar una decisión», indicó el portavoz de la Asociación de Vendedores de Plazas y Mercados de Cartagena, Juan Martínez. Los afectados no se explican que después de abonar varios cientos de euros sea el impago de unas decenas el que anule su permiso.
Pero Mariano García se ciñe que a que hay multas por impago que han entrado en la vía ejecutiva. «No sé cuáles son las cuantías, pero si existen no se puede prorrogar la actividad», explicó.
En lo que coinciden las dos partes del conflicto es que la mayor parte de las deudas se debe a recargos por tasas que no se abonaron en su momento. Los pagos de las tarifas por gestionar un puesto de venta ambulante se realizan cada trimestre. Si alguna no se hace cuando corresponde, ocurre como con cualquier impuesto municipal que no se paga, genera un recargo que se va acumulando conforme pasa el tiempo. «Es posible que los afectados pagaran las tasas fuera de plazo, pero tenían que haber abonado también la sanción o el recargo y no lo hicieron», indicó el edil.
Solo les queda recurrir
La única vía que les queda a los 26 afectados es la del recurso ante el propio Ayuntamiento, que estudiará sus razones pero que «no asegura la devolución de los permisos», según advirtió García. El periodo para realizar las alegaciones comenzó el pasado día 13 y acabará el 28. Todas serán analizadas y contestadas. Lo siguiente es acudir al contencioso administrativo.
La asociación de vendedores que ayer propició la suspensión del mercado del Cenit esperará a que acabe el plazo de alegaciones y a ver cómo se resuelven para realizar nuevas convocatorias o no hacerlo. «Hasta entonces los mercadillos se seguirán celebrando normalmente», aseguró su portavoz Juan Martínez. Eso si los afectados no se organizan por su cuenta. «Esto no puede quedar así. De mi sueldo comen dos familias, la mía y la de mi mujer. No quiero ni pensar lo que podría llegar a hacer si se confirma que me han anulado la licencia», aseguró José Fernández Nieto.